El Reglamento de la Denominación de Origen Calificada Rioja define al Consejo Regulador como un órgano desconcentrado del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino con atribuciones decisorias en cuantas funciones se le encomiendan en el propio Reglamento.

Estas funciones consisten básicamente en aplicar las normas contenidas en el mismo y velar por su cumplimiento, fomentar y controlar la calidad de los vinos amparados, promocionar su imagen y, en la vertiente socioeconómica, defender los intereses del sector favoreciendo iniciativas para el establecimiento de acuerdos interprofesionales.

Si bien era antigua la preocupación existente en el sector vitivinícola riojano por buscar las máximas garantías de calidad y genuinidad para los vinos producidos en la región, no sería hasta el seis de junio del año 1925 cuando se autorizaría la introducción en las etiquetas de vino de la palabra "RIOJA" con el carácter de marca colectiva, creando una precinta especial. La base legal de esta medida tenía su precedente en la Ley de 1902 sobre la propiedad industrial, que en su título IX hablaba de las "indicaciones de procedencia".

Por Real Decreto de 22 de octubre de 1926 se creó el primer organismo de control de lo que luego sería una Denominación de Origen, aunque su existencia apenas logró traspasar los límites del Boletín Oficial del Estado. A este primer Consejo Regulador se le encomendaba la misión de delimitar la zona de producción del Rioja, controlar la expedición de las "precintas de garantía" y recomendar las medidas legales a adoptar contra los usurpadores y falsificadores de la marca Rioja". Su reglamento no sería aprobado hasta febrero de 1928.